El presidente de la Generalitat Valenciana “pasa” de las “batallitas” del alcalde con la N-340

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pasa de las batallitas del alcalde de Castellón con la carretera Nacional 340. Mientras Camps ha demostrado colaboración y lealtad institucional con el Gobierno de España para promover las infraestructuras que Castellón y la Comunitat Valenciana necesitan, Alberto Fabra persiste en su deriva política y alienta la confrontación para evitar el desdoblamiento de la N-340.
El presidente de la Generalitat no defendió la propuesta de modificación del trazado de la N-340 durante el encuentro de trabajo que mantuvo el martes con el ministro de Fomento, José Blanco. Cada vez es más obvio que la polémica de la N-340 es una ocurrencia del alcalde para evitar una inversión millonaria, a pesar de la saturación del tráfico que experimenta la carretera y de la lamentable estadística de siniestralidad que registra.
Blanco y Camps dejaron a un lado las lógicas controversias entre partidos tan confrontados ideológicamente y se pusieron a trabajar para los ciudadanos. Lo que están esperando los castellonenses es que las administraciones públicas impulsen decididamente la obra pública para generar empleo y dinamizar la economía, todo lo contrario de lo que quiere conseguir Fabra oponiéndose a una inversión de 120 millones.
Desde estas líneas quiero hacer un nuevo llamamiento al alcalde para que “rectifique” y “cambie de actitud”. No estaría mal que, aunque fuera por una sola vez, mirara por Castellón y asumiera que las infraestructuras no pueden seguir siendo la trinchera de combate del Partido Popular contra el Gobierno de Zapatero. Es necesario abandonar el victimismo y ejercer de alcalde antes que de presidente local del PP.

PROMESAS CUMPLIDAS: LA NUEVA COMISARÍA DE CASTELLÓN

Ayer tuvimos la oportunidad de visitar las obras de la nueva Comisaría de Policía de Castellón junto al Delegado y al subdelegado del Gobierno de España, y otras autoridades (ningún representante del PP en el Ayuntamiento, quienes declinaron la invitación). Es una más de las promesas cumplidas del proyecto socialista para Castellón, un Castellón más seguro.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en Agosto de 2008 la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se anunciaba la adjudicación del proyecto de ejecución de las obras de construcción de la nueva Comisaría Provincial de Castellón. El importe de adjudicación asciende a 6.655.507 euros y la empresa contratista resultó ser Corsan-Corviam. Construcción SA. Las obras tienen un plazo de ejecución de 20 meses y están levantando un edificio que constará de cuatro plantas y sótano y tendrá una estructura de muros de hormigón armado con aislamiento térmico,con un protagonismo destacado del azulejo como corresponde a la sensibilidad que los socialista siempre hemos demostrado con el sector cerámico de la provincia.
La nueva sede contará, entre otros servicios, con oficina de denuncias, enfermería, sala de documentación para extranjeros, DNI y pasaporte, sala de informática, aula de formación, sala de grabaciones, departamento de balística, laboratorio, sala de escuchas, archivo, calabozos y sala de interrogatorios. Una Comisaría de referencia que pone a Castellón en el mapa nacional de la seguridad ciudadana, con un incremento espectacular de la plantilla provincial desde 2004. Los socialistas creemos y hemos apostado por la seguridad pública.

Frente al PP de las maquetas y los trajes, obras e inversiones. Sobran comentarios, por eso no había ayer políticos del PP en la visita a las obras.

Falta de consenso con los vecinos en la instalación de maceteros

Una vez más el PP gobierna sin contar con los castellonenses. Por eso, esta semana pasada hemos lamentado la “falta de consenso” con la que el equipo de gobierno municipal ha decidido instalar nuevos modelos de maceteros en distintos puntos de la capital. El mobiliario urbano ha sido objeto de críticas por los residentes, que han iniciado una campaña de recogida de firmas para conseguir su retirada.
El Partido Popular gobierna de espaldas a la ciudadanía. Junto a varios concejales del PSPV he tenido ocasión de visitar las calles Juan Ramón Jiménez y Arquitecto Ros, y he mantenido contactos con los vecinos para conocer su opinión sobre los maceteros. La respuesta ha sido generalizada: los maceteros han eliminado cientos de plazas de aparcamiento en zonas ya de por sí deficitarias. Además, están causando daños a los vehículos.
Además de las vías que estimen los ciudadanos para formalizar sus quejas y sugerencias, el grupo municipal socialista trasladará la queja, el lunes, a la Comisión de Desarrollo de la Ciudad. Rectificar es de sabios, especialmente cuando se hace por el bien de Castellón.

El PP es un caso (judicial)

El juez José Flors, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, dice que hay “indicios racionales de delito” para sentar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en el banquillo de los acusados como presunto autor de un delito de cohecho. Una juez de Nules ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado al considerar que hay indicios racionales de un delito de falsedad documental que habrían cometido Fabra y otros ocho implicados en una trama para conseguir, mediante falsificaciones, la autorización para comercializar plaguicidas ilegales. La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación penal contra el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, el vicealcalde, Javier Moliner, y el director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, Vicente Dómine, por un presunto delito de prevaricación en las obras para hacer pasar del trolebús por el corazón del parque Ribalta.
¿Qué ciudadano en su sano juicio no pensará que el PP es un caso? La Justicia está acorralando a los dirigentes conservadores de Castellón y de la Comunitat Valenciana que se han excedido de sus responsabilidades, que han caminado por el filo del alambre y que se tambalean peligrosamente hacia el abismo político. Los populares se han creído que las instituciones son un cortijo en el que pueden campar a sus anchas, sin darse por enterados de lo que significa el acatamiento de la legalidad. Pero ninguna tropelía queda sin castigo, o al menos no debería, y los resortes de la democracia funcionan para depurar los abusos que los gestores públicos cometen en el ejercicio del cargo.
Camps ha caído en las redes de la Justicia, igual que cayó hace cinco años y medio Carlos Fabra, el gran imputado de la democracia española. Y el alcalde de Castellón les seguirá los pasos si sigue enfrascado en su arrogancia en el caso Ribalta. El Gobierno local del PP y la Generalitat Valenciana aún están a tiempo de evitar que la apisonadora judicial le pase por encima. Sólo tienen que ordenar que el hormigón no sepulte un Bien de Interés Cultural tan vulnerable como el parque Ribalta. Justicia o partido. El alcalde elige.

(Artículo publicado en el Diario Mediterráneo)

El Consell no ha puesto la fianza para el plan Confianza

Es imprescindible que el Consell priorice las inversiones del Plan Confianza para que los ayuntamientos puedan activar mecanismos contra la crisis mediante el impulso de la obra pública, como ha conseguido el Plan Zapatero. Al Plan Confianza del PP le falta la fianza, el presupuesto, para que sea una realidad y no una traca mediática más de Camps y de los Fabra.
Los planes anticrisis del Consell pueden quedarse en agua de borrajas si el Gobierno valenciano no los dota de la financiación adecuada para que sean una realidad inmediata. El impulso dado a proyectos como la ronda oeste de Castellón será positivo siempre que los 'photoshops' que presenta el vicealcalde con redoble de tambores vengan acompañados de la consignación económica pertinente.
El Plan E, del Gobierno de España, ha dinamizado la economía local y ha repuntado la tendencia negativa del empleo. A diferencia del Consell, que no está haciendo los deberes para poner en manos de los ayuntamientos el dinero público necesario para hacer frente a la crisis. El Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat Valenciana, popularmente conocido como Plan Confianza, ha sido presentado hoy a los alcaldes por el presidente del Consell, Francisco Camps, pero no empezará a ser una realidad hasta el año que viene o hasta entrado ya el 2011, y entonces será demasiado tarde para muchas de nuestras empresas.
Espero que el Ayuntamiento de Castellón no se vea obligado a adelantar las inversiones del Plan Confianza por impago del Consell. El PP valenciano es un consumado experto en centrifugar deuda a otras administraciones o a empresas públicas, por lo que no sería de extrañar que el Ayuntamiento de Castellón deba asumir la financiación de los 21 millones de euros que costará la primera fase de la ronda oeste.
En ese caso, se demostrará que el PP ha engañado a los a la ciudadanía una vez más, al anunciar planes de apoyo a los ayuntamientos sin la necesaria consignación presupuestaria y que sólo son un elemento de distracción para esconder su incapacidad. El PP sigue más preocupado por las crisis que le originan los casos de presunta corrupción en el seno de su partido que por la crisis económica que padecen miles de castellonenses. Y así no se puede gobernar.

20 años para acabar la ronda de circunvalación

El Partido Popular no puede tardar otros 20 años en acabar la ronda de circunvalación. Es positivo que la Conselleria de Infraestructuras se haya decidido a licitar ahora la primera fase de la ronda oeste, pero aún queda mucho camino por recorrer para que la obra sea una realidad y no la quimera que ha sido hasta ahora.

Recordemos que el primer tramo de la ronda fue inaugurado en 1991 con el PSPV en la Generalitat y enlazaba Castellón con la Autopista del Mediterráneo.
Es necesario que la la Conselleria de Infraestructuras “agilice” el proceso para que el proyecto sirva de estímulo al mantenimiento y creación de empleo.

Es ahora cuando se necesita con más urgencia la puesta en marcha de las obras del Consell, pero a diferencia del plan Zapatero, las medidas de la Generalitat no tienen un calendario concreto y pueden llegar demasiado tarde.
Ni Zaplana, ni Camps, ni Gimeno, ni Fabra han sido capaces de impulsar una infraestructura decisiva para Castellón durante más de dos décadas. Desde que el PP llegó a la Generalitat, en 1995, Castellón ha sido la hermanita pobre de la Comunitat Valenciana, porque de otra manera no se entiende el agravio permanente que nos dispensa el PP.
Estamos ante el primer trámite administrativo de un proyecto que es decisivo para la mejora de las comunicaciones urbanas de Castellón.

Es fundamental que el alcalde, Alberto Fabra, exija para Castellón lo que le corresponde a Castellón. Si Fabra fuera el alcalde de todos los castellonenses, y no sólo el de los votantes del PP, estaría batallando en Valencia para que el Consell saldara la deuda histórica que tiene con la capital, que sólo en las grandes obras suma más de 200 millones de euros. Si no lo hace, nos estará demostrando que es el alcalde más cómodo para Camps, el que ni pide ni exige para sus ciudadanos.

El PP intenta ocultar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el PGOU de Castellón

La máxima instancia judicial española da la razón al grupo municipal del PSPV al mantener que el Plan General está anulado. Padecemos la “desidia” y la “parálisis” institucionales del gobierno municipal que se ha puesto en evidencia en las comisiones informativas desarrolladas ayer martes, en las que el PP ha vuelto a dejar patente que es el partido del no, el partido que se opone al progreso de Castellón, que obstaculiza la labor de la oposición y que desoye las peticiones de fiscalización del PSPV.
El equipo de gobierno ha “bloqueado” de nuevo la petición socialista sobre la documentación relativa al Plan General de Ordenación Urbana. En concreto, el fallo del Tribunal Constitucional que confirma la anulación del PGOU. El concejal Mario Edo ha solicitado una copia de la resolución judicial y ha reiterado que el PP no ha facilitado aún el recurso de amparo interpuesto ante este tribunal tras la sentencia del Supremo que obligó a tramitar una nueva exposición al público del plan.
Alberto Fabra sobrevive instalado en la política del engaño y la omisión permanentes, que no sólo tratan de limitar la labor de la oposición, sino que impiden el acceso de la información a la ciudadanía. El más elevado órgano judicial español ha analizado y ha resuelto un asunto municipal y el PP se obceca en ocultar el fallo para que los castellonenses no se den cuenta de las tropelías que comete el Partido Popular.
La inadmisión del recurso de amparo es contundente. La última instancia judicial ha dado la razón al grupo municipal socialista, que en todo momento ha asegurado que la anulación del PGOU era inequívoca, clara e indiscutible. Estamos ante el penúltimo capítulo del desastre de gestión del PP, porque, desgraciadamente, mucho nos tememos que vendrán nuevos varapalos de la Justicia por el errático comportamiento político de los populares.

Una vez más, el equipo de gobierno del PP ni sabe ni contesta. Así nos va.